Miguel Ángel Pesquera

De Las Asturias

Reproducimos un artículo de La Nueva España del 27 de julio del 2003, que ya no se encuentra en Internet, pero que está subido en la página naranco.com del máximo interés, dado que Miguel Ángel Pesquera, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón -cargo en el que fue sustituido por Fernando Palao Taboada- y ex consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, vivió un episodio en la prehistoria del escándalo en el que se está convirtiendo la construcción del nuevo puerto El Musel, que resulta de lo más revelador para entender los hechos posteriores.

Conviene señalar que Pesquera, que fue nombrado presidente de la AP de Gijón por el ex director general de Transportes Javier del Olmo, ha sido sucedido ahora por el mismo del Olmo en el cargo de consejero de Industria de la comunidad autónoma de Cantabria.

El artículo:

Oligsa defiende el intercambio de acciones con EBHISA «al ajustarse a las bases del concurso» y niega «la existencia de cualquier beneficio ilícito»

Puertos del Estado desconoce las condiciones en las que el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Miguel Ángel Pesquera, vendió el 10% de EBHISA a la empresa privada Oligsa. El presidente portuario saliente aún no ha facilitado información sobre la operación al organismo estatal del que depende, cuyo representante, José Llorca, formuló una denuncia por prevaricación contra Pesquera. Oligsa sostiene que la operación se ajusta al pliego de condiciones del concurso del parque de Aboño y que no existe «beneficio ilícito».

El presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Miguel Ángel Pesquera, ocultó a Puertos del Estado (ente público del que depende la propia Autoridad Portuaria de Gijón) las condiciones en las que vendió el 10% de la terminal de graneles sólidos EBHISA a la empresa privada Oligsa, concesionaria del parque de carbones de Aboño y propiedad de los grupos Suardíaz, Alvargonzález, FCC y Duro Felguera. José Llorca, presidente de Puertos del Estado, que depende del Ministerio de Fomento, ha presentado una denuncia por prevaricación contra Pesquera, quien ejecutó esta venta con la oposición expresa de Puertos del Estado.

Puertos del Estado indicó ayer que «este ente público desconoce, a fecha de hoy, las cantidades y las condiciones exactas de la enajenación efectuada, toda vez que no ha recibido información directa por parte de la Autoridad Portuaria ni se le ha remitido copia de la escritura pública de compraventa de acciones».

Pesquera había propuesto al consejo de administración de la Autoridad Portuaria un intercambio del 10% de EBHISA, valorado en 3 millones de euros, por el 26% de EBHISA. Puertos del Estado se opuso al entender que el 26% de Oligsa sólo valía 1,3 millones de euros. Además, entiende que la entrada de Suardíaz y Alvargonzález en la EBHI a través de Oligsa puede dar lugar a una posible situación de dominio de cara al proceso de privatización total de EBHISA, cuyo accionista mayoritario es la Autoridad Portuaria.

Respecto al primer pero, un informe de Puertos del Estado dejó abierta la posibilidad de efectuar el canje de acciones, pero pagando Oligsa la diferencia de precio. Según indicaron fuentes portuarias, ésta ha sido la fórmula que finalmente se ha empleado, mediante una doble compra: Oligsa ha pagado 3 millones por el 10% de EBHI y la terminal de graneles ha pagado 1,3 millones por el 26% de Oligsa.

Esta empresa difundió anoche una nota de prensa en la que recuerda que Puertos del Estado informó favorablemente el pliego de bases del concurso para explotar un parque de graneles sólidos en Aboño, «que fue aprobado, posteriormente, por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, con los votos favorables de los representantes de la Administración del Estado».

Oligsa insiste en que en el pliego del concurso «se establecía el intercambio de acciones del futuro adjudicatario con EBHISA, para lo que los concursantes presentarían la correspondiente oferta económica». Oligsa ganó el concurso y firmó el contrato con la Autoridad Portuaria de Gijón el 2 de mayo de 2002. Desde esa fecha hasta ahora, Oligsa sostiene que cumplió el contrato en los siguientes extremos: «a) La adquisición a la Autoridad Portuaria de Gijón del 10% del capital de EBHISA de su propiedad, en la cantidad ofertada y adjudicada en el concurso y suscrita en el contrato, de 3.005.060,52 euros (500.000.000 pesetas.); b) Simultáneamente, la transmisión del veintiséis por ciento (26%) del capital de Oligsa a la entidad EBHISA, por su valor nominal de 1.300.000 euros (216.301.800 pesetas.), teniendo en cuenta que Oligsa se ha constituido con un capital totalmente desembolsado de 5 millones de euros (831.930.000 pesetas)».

El pasado 27 de junio, «en cumplimiento del acuerdo del consejo de El Musel de 7 de marzo de 2003, se elevaron a públicas las dos transmisiones de acciones en las condiciones ya expresadas», indica Oligsa. Esta intervención de Miguel Pesquera, del que se había anunciado su traslado al Gobierno de Cantabria, es la que motivó la denuncia por prevaricación.

«Es inaceptable la afirmación sobre la existencia de cualquier beneficio ilícito para esta empresa», añade en su nota Oligsa, que «se ha limitado a cumplir lo dispuesto en el pliego de bases» del concurso portuario. Sin embargo, Pesquera no ha comunicado las condiciones de la operación ni a Puertos del Estado ni a miembros del consejo de El Musel. Puertos salió al paso ayer de las declaraciones del abogado defensor de Pesquera, el letrado Viliulfo Díaz, quien emplazó al organismo de Fomento a que explicara si su oposición a la operación de venta en EBHISA se debía a que ésta perjudicaba a las arcas públicas.

Según Puertos del Estado, «en un Estado democrático de derecho resulta inadmisible la subordinación de la legalidad a motivos de oportunidad o la realización de buenas operaciones económicas a costa de la legalidad, so pena de conculcar los más elementales principios de legalidad, seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que garantiza el artículo 9 de la Constitución española. En este campo, tampoco el fin justifica los medios». A Pesquera se le acusa de haberse saltado supuestamente la ley en una operación de venta de acciones de un organismo de derecho público, como es la Autoridad Portuaria de Gijón, en una empresa, EBHISA, sin el visto bueno de los representantes del Estado.